El inicio del confinamiento produjo una avalancha de datos nunca vista en la Red. De un día para otro, millones de alumnos y profesores abrieron nuevos perfiles en las plataformas digitales para asistir a clase por videoconferencia, descargar apuntes, mandar tareas o intercambiar consejos. La prioridad para los 17 Gobiernos autónomos era replicar a toda prisa el aula en los ordenadores, lo de menos, la seguridad de esta ingente cantidad de datos. El docente decidía cómo trabajar y con qué sistema en línea de enseñanza, según su pericia con las nuevas tecnologías.
Ante el aluvión de nuevos usuarios, las plataformas digitales se saturaron y solo ahora —mes y medio desde el inicio del confinamiento— recuperan poco a poco y sin colgarse la capacidad para responder a la demanda disparada de 8,2 millones de estudiantes. También en muchas universidades, cuyos 1,5 millones de alumnos multiplicaron las quejas pese a contar con sistemas más potentes. Sin tiempo para improvisar alternativas tecnológicas, la solución de muchos Ejecutivos fue apostar por los paquetes educativos gratuitos de grandes compañías como Google y Microsoft.
Sin embargo, los expertos recelan de la seguridad de los registros. “Google sabe qué alumno ha ido a clase y podría saber qué alumno da más problemas de puntualidad al ser contratado en una empresa. Lo peligroso es la interpretación de los datos”, ilustra Javier Valls, profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Mientras, Alemania, Suiza y Noruega han regulado e investigan el almacenamiento de datos de menores en la nube. Los gigantes tecnológicos aseguran que no trafican con los datos o que lo hacen de manera anonimizada.
La Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha han desarrollado plataformas propias con desigual autonomía y seguridad, pero combinadas con acuerdos con Google, Microsoft y Cisco, para que sus docentes utilicen también ciertas herramientas como las aulas virtuales. El resto de regiones se apoya en exclusiva en las tecnológicas. El confinamiento ha espoleado a comunidades como Navarra, que generará ahora su propia plataforma, y esta semana la Generalitat catalana ha cerrado un acuerdo para optimizar sus herramientas con el proyecto activista Xnet, que acogió las quejas de padres y madres de alumnos movilizados contra el uso de datos de niños por parte de Google. “Los menores de edad utilizan sin espíritu crítico estas plataformas de empresas dedicadas a la explotación de datos. Nos preocupa que las Administraciones no den alternativas a estas herramientas que técnicamente funcionan súper bien”, lamenta Cecilia Bayo, madre de un alumno de una escuela pública en Barcelona. La responsable de Xnet, Simona Levi, resume: “Con 80.000 euros y seis meses de trabajo se consigue una alternativa eficiente, con una suite alternativa que bajo la ética de los algoritmos incluya todos los paquetes, servidores soberanos y no nubes”.
La gran ventaja de los productos de los gigantes tecnológicos es su calidad, facilidad de uso y versatilidad. Juan Manuel Ruiz dirige el instituto público Cartima en Estación de Cártama (Málaga) y hace seis años que sus 350 alumnos usan tabletas en vez de libros de texto. “Google Suite nos aporta herramientas útiles, una gran facilidad de manejo para los adolescentes y garantías mínimas. No nos gusta la idea de que los datos estén en manos de una empresa privada. Queremos repensarlo, pero no es fácil”, admite. Emmanuel Gálvez, de 15 años, estudia cuarto de ESO en dicho instituto y también ensalza la plataforma, en la que pasa unas cuatro horas al día. “Es muy intuitiva al ser para niños y muy fácil de trabajar. Recibimos y mandamos tareas, redactamos textos y tenemos clases por videoconferencia”, explica.
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